La investigación y el desarrollo pueden en muchas ocasiones dar sus frutos y generar aplicaciones de gran valor. En el caso de que queramos proteger nuestra innovación, ¿qué requisitos debemos cumplir para solicitar una patente?
La innovación, desde la perspectiva económica, no sigue un proceso lineal. Esto quiere decir que la inversión en investigación y desarrollo no siempre provocará resultados y aplicaciones científicas y tecnológicas a corto plazo. Pero en ocasiones, sin embargo, los resultados de un proyecto son exitosos, y a veces podemos pensar en solicitar una patente para proteger nuestro trabajo.
Las patentes se originan entre los siglos XVI y XVII con la concesión real de las conocidas como cédulas de privilegio. Estos documentos permitían que los inventos pudieran ser explotados por sus creadores, a cambio de que su propiedad pasara a la Corona. En la actualidad, el sistema de patentes pertenece al derecho de la propiedad industrial, que define a la patente como «el título que concede el Estado para la explotación exclusiva, por un tiempo determinado, de una invención nueva y útil«.
Para solicitar una patente primero debemos analizar si cumplimos los requisitos legales estipulados. Y es que el marco que regula la propiedad industrial es complejo, ya que existe normativa europea como la Directiva 98/44 (y su transposición al Derecho español con la Ley 10/2002) que articula buena parte del sistema de patentes a nivel comunitario. La propia ley de 2002 actualiza otra anterior en España, la Ley 11/1986, considerada como la base jurídica fundamental en el territorio nacional.
Los tres requisitos legales que debemos estudiar de forma previa a solicitar una patente son los siguientes:
- Novedad. La actividad inventiva no debe derivarse del «estado de la técnica», es decir: no existe nada igual en el mercado, y esto puede demostrarse mediante la realización de un examen previo (opcional en el caso del sistema de patentes español, aunque sea un requisito obligatorio en otros países).
- Actividad inventiva. Al solicitar una patente, también debemos garantizar que la aplicación presentada no se deriva del estado de la técnica, sino que es producto de una actividad intelectual importante por parte de su autor.
- Aplicación industrial. Esta tercera condición deriva precisamente del concepto de «patente». No debemos solicitar su exclusividad si nuestra invención no va a ser explotada comercialmente. La administración mantiene el sistema de patentes como garantía y mecanismo de impulso de la innovación.
Este último requisito es fundamental en el derecho de la propiedad industrial. Solicitar una patente y mantener su protección durante 20 años es un proceso caro, por lo que los inventores deberían pensar muy bien cómo explotar su utilización. Para ello, el marco regulador contempla también la concesión de licencias de patentes, que permiten que cedamos nuestro «título de exclusividad» a otra compañía para que sea ésta la que lleve la invención al mercado, a cambio de que pague una serie de regalías (royalties) a su inventor.
En España en los últimos años hemos aumentado el número de solicitudes de patentes, sin embargo, no ha crecido simultáneamente la concesión de licencias. En otras palabras, muchas de las patentes concedidas no llegan a explotarse, lo que supone un gasto económico «perdido» en muchas ocasiones.
Parece, a pesar de todo, que algo está cambiando. Recientemente una pequeña empresa española, Oryzon Genomics, nacida en el seno de la Universidad de Barcelona, licenció varias de sus patentes sobre un medicamento contra la leucemia mieloide aguda a la multinacional farmacéutica Roche. Este acuerdo suponía un pago inicial (upfront) de 21 millones de dólares, que podrían ascender a los 500 millones de dólares si los estudios sobre este fármaco confirman sus buenos resultados iniciales.
Las patentes, por tanto, pueden ser una buena fuente de ingresos y crecimiento económico para las compañías. Pero no hay duda de que a la hora de valorar si solicitar una patente o no, debemos pensar si cumplimos con los requisitos (legales y económicos) para hacerlo. Proteger nuestra innovación debe ser una prioridad, con el objetivo de que se reconozca nuestro trabajo y la actividad inventiva desarrollada.
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