Desde 2021, España ha concedido más de 12 gigavatios de acceso a la red eléctrica para construir centros de datos. Según la propia Estrategia de Inteligencia Artificial del Gobierno, el país solo necesitará entre 3,5 y 4 gigavatios hasta 2030. Se ha pedido el triple de lo que hace falta. Ese desajuste es el motivo por el que el Ejecutivo ha presentado una nueva normativa: a partir de ahora, para conectarse a la red, un centro de datos tendrá que garantizar que al menos el 80% de lo que consume proviene de energía renovable nueva, generada en el mismo momento en que la consume. No se trata de frenar la construcción de centros de datos en España, sino de decidir cuáles se construyen.
Las nuevas reglas para conectarse a la red
El texto, que el Gobierno ha sacado a audiencia pública este verano, no está aprobado todavía. Pero marca el camino que quiere seguir. La exigencia central es la que ya se ha mencionado: cada hora que un centro de datos consuma electricidad, al menos el 80% de esa energía tendrá que venir de una instalación renovable nueva, construida en los dieciocho meses anteriores. No vale compensar el consumo de la noche con la energía solar sobrante del mediodía. La cuenta se hace hora a hora, y solo cuenta la generación adicional, no la que ya existía antes de que llegara el centro de datos.
La norma también exige eficiencia. Los centros deberán cumplir el nivel más alto del etiquetado europeo de consumo eléctrico y de agua, un estándar que la Unión Europea no hará obligatorio hasta 2027. España se adelanta un año. Y añade un tercer requisito, menos energético y más geopolítico: los datos deben quedarse en territorio europeo, y la empresa que opera el centro debe tener control efectivo sobre quién accede a ellos desde fuera.
Estas condiciones solo afectarán a los centros de datos que todavía están en construcción o en trámite, no a los que ya funcionan. Y los plazos son ajustados: seis meses para adaptarse si el proyecto ya está en marcha, tres si todavía espera turno para conectarse a la red. Quien no cumpla, se arriesga a perder ese acceso.
Por qué ahora: la IA dispara el consumo
El motivo de fondo es que los centros de datos ya no son lo que eran hace una década. La consultora Gartner calcula que en 2026 consumirán en todo el mundo 565 teravatios hora de electricidad, un 26% más que el año anterior. Buena parte de ese salto se explica por un solo factor: los servidores dedicados a inteligencia artificial, que este año representarán ya el 31% de ese consumo y que, según la misma consultora, superarán en 2027 al de todos los servidores tradicionales juntos.
Conviene poner esa cifra en contexto antes de sacar conclusiones apresuradas. La Agencia Internacional de la Energía, más conservadora que Gartner, calcula que el consumo de los centros de datos crecerá hasta 2030 menos que el de los coches eléctricos o el aire acondicionado. El problema no es tanto el volumen total como su concentración: mientras el consumo eléctrico general crece de forma repartida por todo el país, el de los centros de datos se acumula en unos pocos puntos del territorio, y ahí es donde aprieta a la red.
En España, ese consumo hoy todavía es reducido. Lo que cambia el panorama es la proyección: la patronal del sector calcula que la capacidad instalada podría multiplicarse por seis de aquí a 2030, concentrada sobre todo en Madrid y Aragón. El problema, por tanto, no es el presente. Es la velocidad a la que se acerca el futuro.
La controversia: crecimiento contra red eléctrica
No todo el sector ve la norma con buenos ojos. SpainDC, la patronal de los centros de datos, calcula que buena parte de la inversión prevista para los próximos años podría quedar en peligro si el texto se aprueba tal como está. Su queja principal no es el objetivo renovable en sí, sino el calendario: seis meses les parece poco tiempo para adaptar proyectos que ya llevan tiempo en trámite, con inversiones comprometidas desde antes de conocerse esta norma, y advierten de que otros países podrían quedarse con esa inversión si España se queda atrás.
El Gobierno lo ve de otra manera. Insiste en que no se trata de una moratoria, sino de un filtro: quiere seguir atrayendo centros de datos, pero sin tensionar la red eléctrica ni subir la factura al resto de consumidores con generación que no sea limpia. Ninguna de las dos posturas es descabellada. El sector defiende una inversión que genera empleo. El Ejecutivo defiende una red que no está pensada para absorber tantas solicitudes en tan poco tiempo.
España no es el primer país que se enfrenta a este dilema. Irlanda vivió algo parecido hace unos años, cuando los centros de datos llegaron a concentrar una parte muy relevante de toda su electricidad, casi toda alrededor de Dublín. El regulador terminó frenando nuevas conexiones durante varios años, y solo las ha retomado recientemente, exigiendo también renovables propias a los nuevos proyectos. España ha mirado ese caso de cerca, aunque va un paso más allá: exige que la energía renovable coincida con el consumo hora a hora, algo que ningún otro país europeo ha planteado todavía.
Las soluciones que ya están en marcha
La transición hacia centros de datos más limpios no empieza de cero. Una de las técnicas que más se está extendiendo es la refrigeración líquida, que sustituye al aire por líquido para enfriar los servidores. Es más eficiente, y además permite reutilizar ese calor sobrante en otras cosas: calefacción urbana, piscinas municipales o invernaderos, en lugar de simplemente expulsarlo al exterior.
Otra vía es la de programar mejor las cargas de trabajo. No toda tarea de inteligencia artificial es urgente. Muchas se pueden ejecutar en las horas en las que hay más energía renovable disponible, o desplazarse a centros situados en zonas con clima más frío, donde la refrigeración necesita menos electricidad.
Telefónica ya tiene un ejemplo propio. En Alemania, la compañía ha instalado un gemelo digital, una réplica virtual de sus centros de datos que utiliza sensores e inteligencia artificial para vigilar la temperatura en tiempo real y ajustar la refrigeración al momento exacto en que hace falta. El resultado ha sido una reducción de entre el 15% y el 20% en el consumo destinado a enfriar los equipos, una cifra nada desdeñable si se tiene en cuenta que la refrigeración es una de las partidas más pesadas en la factura energética de cualquier centro de datos.
Acompasar dos transiciones a la vez
España está intentando hacer dos cosas al mismo tiempo: seguir la carrera por la inteligencia artificial y no perder de vista los límites de su propia red eléctrica. No son objetivos incompatibles, pero tampoco encajan solos. Esta norma es un primer intento de que avancen a la par, y como todo primer intento, llega con fricciones: un sector que pide más tiempo, un Gobierno que no quiere ceder terreno y una red eléctrica que, mientras tanto, sigue recibiendo solicitudes muy por encima de lo que necesita el país. Lo que se decida en las próximas semanas, cuando el texto deje de ser un borrador, dirá mucho sobre qué tipo de infraestructura de IA quiere tener España en la próxima década.
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