En enero, un testigo del Tribunal Superior de Londres se quitó las gafas durante su declaración después de que la jueza detectara algo extraño: alguien le estaba indicando en tiempo real qué decir a través de ellas. La jueza rechazó su testimonio. Meses después, ese caso ha llevado a los tribunales de Inglaterra y Gales a decidir algo que hasta ahora no se había planteado: prohibir las gafas inteligentes de Meta en todas sus sedes.
Qué ha decidido HM Courts and Tribunals Service
His Majesty’s Courts and Tribunals Service, el organismo que gestiona los tribunales penales, civiles y de familia de Inglaterra y Gales, ha confirmado la prohibición. A partir de ahora, quien lleve gafas de Meta a un tribunal tendrá que entregarlas en la entrada. Se las devolverán al salir del edificio.
Las gafas de Meta, fabricadas junto a Ray-Ban, se venden como gafas de sol o graduadas normales, pero llevan una cámara integrada en la montura, micrófonos y un asistente de inteligencia artificial capaz de responder preguntas sobre lo que la persona está viendo. Desde fuera son indistinguibles de unas gafas cualquiera. Solo una pequeña luz LED indica cuándo están grabando.
Grabar sin permiso dentro de un tribunal británico ya era delito antes de esta decisión. La ley lo prohíbe desde hace décadas, precisamente para proteger a testigos, víctimas y miembros del jurado. Hasta ahora, esa norma se aplicaba sobre todo a cámaras y móviles, dispositivos fáciles de reconocer cuando alguien los usa para grabar.
Las gafas de Meta cambian esa ecuación. Pueden grabar mientras la persona simplemente las lleva puestas, sin sacar nada ni hacer ningún gesto visible. Por eso HMCTS ha decidido no tratarlas como un móvil más. A los teléfonos se les sigue permitiendo el acceso, porque levantar uno para grabar es un gesto que se ve y que alguien puede impedir a tiempo. Unas gafas no ofrecen esa misma garantía.
HMCTS no ha aportado cifras de cuántos incidentes ha detectado hasta ahora. La decisión responde más bien a una amenaza que ya no pueden permitirse ignorar: la de que alguien grabe una vista judicial sin que nadie en la sala lo note.
El caso que lo cambió todo
El caso ocurrió en enero, en un tribunal de Londres especializado en insolvencias, donde se resuelven disputas entre empresas o personas que no pueden hacer frente a sus deudas. Durante una vista, un testigo declaraba con las gafas de Meta puestas. La jueza notó que sus respuestas tenían pausas extrañas, como si esperara algo antes de contestar, y le preguntó por las gafas.
Resultó que estaban conectadas por Bluetooth a un móvil que el testigo llevaba en el bolsillo. Alguien le indicaba en tiempo real qué responder. Cuando la jueza le pidió que se las quitara, el móvil siguió reproduciendo esa voz, confirmando lo que había estado pasando. La jueza descartó por completo el testimonio, al considerarlo poco fiable.
El caso no trataba sobre grabaciones en sí, sino sobre usar las gafas como canal para recibir instrucciones sin que nadie lo notara. Aun así, planteó una pregunta que ya preocupaba a jueces y abogados: si estas gafas permiten escuchar sin que se note, también pueden grabar sin que se note. Y las instrucciones que esta vez llegaron de otra persona, en el futuro podrían llegar de una inteligencia artificial.
Una ola que ya venía de antes
La decisión de los tribunales británicos no surge de la nada. Meses antes, varios locales en Reino Unido ya habían empezado a pedir a sus clientes que no llevaran estas gafas puestas dentro. La cadena de pubs Wetherspoons pidió a sus clientes que las apagaran, al considerar que permiten grabar a otras personas sin que se den cuenta. Se sumaron clubes privados, restaurantes conocidos de Londres, varias salas de teatro y hasta la organizadora de las convenciones Comic-Con del país. En Estados Unidos, una conferencia de hackers prohibió directamente su entrada al recinto, algo llamativo tratándose de un público habituado a la tecnología.
Fuera de Reino Unido, el aviso llegó antes desde los tribunales estadounidenses. Los del estado de Nueva York prohibieron las gafas inteligentes en todas sus sedes en julio, la primera prohibición de este tipo a nivel estatal en el país. Los tribunales de Filadelfia ya lo habían hecho meses antes, y uno de Wisconsin añadió estas gafas a su lista de objetos prohibidos junto a otros dispositivos con cámara. En todos los casos, el motivo se repite: evitar grabaciones que nadie puede detectar a tiempo.
En Alemania, una organización de derechos digitales fue un paso más allá. En agosto presentó una denuncia penal contra Meta y contra varias cadenas que venden estas gafas, alegando que se comercializan como un objeto cotidiano que en realidad sirve para grabar a la gente sin que lo sepa. La denuncia insiste en que este tipo de grabaciones afecta especialmente a las mujeres, un argumento que ya se repite en varios países y que conecta con casos como el de dos estudiantes que combinaron estas gafas con programas de búsqueda facial para identificar a desconocidos por la calle con solo mirarlos.
El problema de fondo: un LED no basta
Meta siempre responde lo mismo cuando le preguntan por estos casos: las gafas tienen una luz LED que se enciende cuando están grabando, así que cualquiera puede saber si le están grabando. En la práctica, esa respuesta convence cada vez menos a jueces y reguladores.
El problema no es solo si la luz existe, sino de quién depende. Es el propio fabricante quien decide cuándo se enciende, cuánto dura y qué tan visible resulta en cada situación. Nadie fuera de Meta puede comprobar si esa señal falla, si puede desactivarse o si se distingue bien con según qué luz o distancia. Un comisario de protección de datos alemán que probó las gafas concluyó que el LED resultaba poco visible en condiciones normales. Un tribunal, igual que ese comisario, tampoco tiene forma de auditar el funcionamiento interno de unas gafas. Lo único que puede hacer es no dejarlas entrar.
A esto se suma otro problema menos visible. Estas gafas no se limitan a grabar, también procesan lo que ven con inteligencia artificial. Eso significa que la grabación no es solo un vídeo guardado, sino información que un sistema puede analizar o cruzar con otros datos. En Europa, organismos de protección de datos ya evalúan hasta qué punto la sociedad está preparada para convivir con un dispositivo así.
En España, la Agencia Española de Protección de Datos publicó este verano una guía con recomendaciones similares. Uno de sus puntos insiste en que no basta con que el dispositivo tenga una luz indicadora: hay que avisar de forma clara antes de grabar a alguien, sobre todo en situaciones donde esa persona pueda sentirse incómoda. La agencia recuerda además que la imagen de una persona identificable es un dato personal, y que quien graba sin avisar es responsable de esa grabación.
Un éxito de ventas que choca con sus propios límites
Mientras estas restricciones se multiplican, las gafas de Meta viven su mejor momento comercial. Solo en 2025 se vendieron más de siete millones de unidades, muy por encima de las cifras de los dos años anteriores juntos. Hoy son, con diferencia, las gafas con inteligencia artificial más vendidas del mundo.
Ese éxito es precisamente lo que hace más visible el problema. Cuantas más personas las llevan puestas por la calle, en bares o en el transporte público, más situaciones aparecen en las que alguien graba sin que el resto lo sepa. Lo que empezó como un producto de nicho se ha convertido en un objeto habitual, y con él ha llegado también la pregunta de dónde tiene sentido permitirlo y dónde no.
Meta ya trabaja en una próxima generación de estas gafas, pensada para captar más información del entorno de forma continua. Eso hace pensar que este debate, lejos de cerrarse, todavía tiene recorrido por delante.
Lo que queda por resolver
Los tribunales pueden confiscar unas gafas en la puerta, pero eso no soluciona el problema de fondo. Millones de personas ya llevan estas gafas puestas fuera de un tribunal, en la calle, en un bar o en el transporte público, sin que exista ninguna forma sencilla de saber si están grabando o no.
Lo que ha ocurrido en Inglaterra y Gales es solo un ejemplo de algo que se repite en distintos países y sectores. Cada institución decide por su cuenta qué hacer con un dispositivo que la tecnología ha normalizado más rápido de lo que las normas han sabido responder. Mientras eso no cambie, la pregunta seguirá abierta: quién decide dónde termina la comodidad de una gafa inteligente y dónde empieza la privacidad de quien tiene delante.
Foto de portada: Grado Cero Prensa
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