La mayoría de los países tienen leyes muy restrictivas para el uso de drones. Sin embargo, el crecimiento de este sector ha ‘obligado’ a que se trabaje más intensamente en la legislación con el fin de satisfacer la gran demanda de una industria con tanto potencial. Eso sí, siempre y cuando cumplan el principal objetivo, y es el de que no supongan ningún riesgo para las personas.
En Europa, la Comisión Europea sigue recopilando datos y propuestas de los Estados miembros con el objetivo de crear un marco jurídico para los drones y establecer una nueva directiva para estos vehículos aéreos no tripulados. Consideran necesario armonizar la legislación en Europa para que todos los países tengan las mismas reglas básicas generales.
“Hay un potencial increíble desde un punto de vista industrial y al mismo tiempo somos muy conscientes de las preocupaciones que generan. Cada vez hay más y necesitamos regularlos con un marco jurídico para que puedan operar en el futuro”, ha explicado Violeta Bulc, comisaria europea de Transportes.
En España la ley 18/2014 de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia regula, entre otros aspectos, el uso de aeronaves no tripuladas UAV, RPA o drones. Básicamente establece dónde está permitido y dónde no pueden volar estos vehículos.
Este reglamento temporal contempla los distintos escenarios en los que se pueden realizar trabajos aéreos en función del peso de la aeronave al despegue, clasificándolos en menos de dos kilos, hasta 25 kilos y más de 25 kilos. Aunque deja claro que independientemente de su peso hay unos requisitos comunes para todas ellas, así como para los pilotos y las empresas que las operan.
Los trabajos aéreos para los que está permitido el uso de drones son: actividades de investigación y desarrollo; tratamientos aéreos, fitosanitarios, extinción de incendios forestales, levantamientos aéreos; observación y vigilancia aérea incluyendo filmación, publicidad aérea, operaciones de emergencia, búsqueda y salvamento; y otro tipo de trabajos especiales.
En cualquier caso, y teniendo en cuenta que aún se tiene que aprobar una reglamentación definitiva, las operaciones que se pueden realizar se han de limitar al espacio aéreo no controlado y sobre zonas no pobladas, aspectos ambos sobre los que ya se está trabajando para crear una normativa más abierta. Ésta se centra en una serie de supuestos que resultan muy importantes para posibilitar el desarrollo de una industria en torno a estas aeronaves.
El primero es permitir vuelos más allá del alcance visual del piloto, usando observadores intermedios para drones de hasta 25 kg (en la actualidad está permitido para los que no superan los 2kg). El segundo es poder sobrevolar núcleos de población y personas. Y el tercero sería poder entrar en espacio aéreo controlado siempre y cuando se certifique que el dron cumple los requisitos de probabilidad de fallo que se exigen habitualmente en aviación, es decir, que sea muy remota.
Isabel Maestre, directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ha comentado recientemente que “se va a permitir el sobrevuelo de zonas pobladas siempre y cuando el operador presente un estudio de seguridad donde analice los riesgos para las personas que viven en esa población y cómo va a evitar que se produzca cualquier tipo de accidente”.
En relación al tema de la seguridad y a pesar de que los avances en este campo como en cualquier otro de la industria tecnológica conllevan su tiempo, para Roger Persiva, CEO de The drones post “hay que avanzar en el desarrollo de muchos aspectos como baterías que proporcionen más autonomía de vuelo o sistemas más fiables que hagan la caída accidental de drones algo casi anecdótico”.
El fundador de esta startup que se dedica de forma exclusiva a la producción y venta de imágenes grabadas con drones ha escrito su particular carta a los Reyes Magos dirigida en este caso a las personas encargadas de legislar sobre el uso de este tipo de aeronaves no tripuladas: “En primer lugar les pediría que terminen con el periodo de provisionalidad legal que se vive desde verano de 2014 (aprobación de la actual ley) y que tiene a casi un millar de empresas operadoras de drones en España sin poder desarrollarse de una forma plena. Desde hace meses prometen una nueva ley que permita trabajar más y mejor pero la tienen en el cajón mientras muchas pequeñas empresas viven una situación casi angustiosa. Si te llegan encargos de trabajo y la ley te impide hacerlos tienes que decir que no si eres una persona responsable y profesional. El problema es que cuando un profesional dice que “no” a un encargo porque vulnera la ley, detrás hay 10 ilegales que aceptan el trabajo”.
Y es que lo que viven los operadores de drones actualmente es lo mismo que ocurriría si la mitad de los conductores que vemos al volante lo hicieran sin tener el carné de conducir. En España hay muchas personas que no tienen licencia de piloto ni son operadores habilitados y que están volando y cobrando por ello, haciéndolo además sin ninguna garantía de seguridad. Por eso, Roger no duda en exigir a las autoridades competentes que “ejerzan la potestad sancionadora que tienen y que lo hagan de verdad y de forma contundente”.
En la actualidad se pueden ver en internet numerosos vídeos de drones en situaciones ilegales como volando sobre personas o sobre ciudades y la realidad es que a esas personas no les pasa nada. Por ello, para respetar a los que operan dentro de la legalidad y permitir el desarrollo de una industria con tanto potencial como la de los drones, es necesario que los políticos tomen medidas y ayuden al desarrollo de este sector.
Este post se ha publicado originalmente en el blog de Open Future_
