Las administraciones públicas, dentro del ejercicio de sus funciones, recopilan gran cantidad de información de todo tipo (datos cartográficos, información meteorológica, datos estadísticos, horarios de transporte público, etc.) que, en muchos casos, se utilizan de manera interna y no se comparten con el ciudadano ni con otras administraciones públicas. De hecho, en algunas ocasiones, esta estanqueidad provoca que puedan darse situaciones en las que dos administraciones públicas terminan dedicando recursos a la recopilación de los mismos datos y que, incluso, haya empresas que también dediquen recursos a obtener datos similares.
Con el objetivo de eliminar esfuerzos duplicados entre administraciones y que, además, los datos recopilados con fondos públicos puedan revertir en el ciudadanía aportando valor y también como ejercicio de transparencia, nace el movimiento Open Data, es decir, los datos abiertos, y el RISP (Reutilización de la Información del Sector Público).
¿Y por qué es importante el Open Data? Los datos recopilados desde el sector público se presuponen fiables y veraces, además de ser, en muchos casos, bastante exhaustivos por lo que, gracias a un intensivo procesamiento, pueden aportar valor a otras aplicaciones y servicios ofrecidos por las administraciones públicas o por terceros, además de jugar un papel clave en la transparencia durante la gestión de recursos públicos y hacer partícipes a los ciudadanos de la labor que se realiza desde los poderes públicos. Por tanto, reutilizando y compartiendo los datos, se puede optimizar el uso de los recursos públicos (evitando la duplicidad de esfuerzos) y se puede propiciar la generación de un ecosistema de empresas y aplicaciones que se nutran de estos datos y ofrezcan a los usuarios servicios que resultan de mucho valor.
El Open Data es una filosofía que están adoptando muchas administraciones públicas de todo el mundo y que están dedicando esfuerzos a centralizar sus bancos de datos y a ofrecerlos, sin restricciones, en formatos que permitan su procesamiento. Recientemente, la Comisión Europea lanzó la beta de su portal de datos abiertos (con más de 5.700 datasets), Reino Unido se ha convertido en un referente mundial con su portal, que ha servido de cabeza tractora para que otras administraciones públicas del país también compartan sus datos (como la ciudad de Londres) o el portal de Open Data de Estados Unidos, que se ha convertido en el modelo a seguir por gobiernos de todo el mundo y en el que, entre otras cosas, podemos encontrar un centenar de aplicaciones móviles desarrolladas por el gobierno y que ofrecen a los ciudadanos información sobre transportes, economía o los servicios de la Administración, acercándola mucho más al ciudadano y aprovechando, así, el canal que ofrece Internet para relacionarse con la Administración.
Aunque pueda parecer que toda esta información no tiene uso fuera del ámbito de las administraciones públicas, realmente, es algo que vemos a diario en muchos servicios que usamos en la red. Foursquare, por ejemplo, nos está ofreciendo mapas del proyecto OpenStreetMap que se nutre de información geográfica compartida por algunas administraciones públicas (por ejemplo, los de la ciudad de Montevideo en Uruguay). La información de los datos de las líneas de tren de Google Maps o la información del tráfico o las líneas de autobús también se nutre de los datos que comparten las administraciones públicas y empresas como Foursquare o Google aprovechan para ofrecernos mejores servicios.
De hecho, el RISP ha sido capaz de generar, solamente en España, una nueva línea de negocio que involucra alrededor de 5.000 personas y fue capaz de mover 1.600 millones de euros durante el año 2011. Siguiendo con el ejemplo de España, además del portal estatal de datos públicos, comunidades autónomas como Andalucía, Euskadi, Asturias o Cataluña o ayuntamientos como el de Zaragoza, Gijón o Barcelona han abrazado este modelo y tienen publicado un buen número de datasets disponibles para los ciudadanos, empresas y otras administraciones públicas. La apuesta por la transparencia es abrazada por cada vez más administraciones públicas de todo el mundo y podemos encontrar ejemplos en Francia, Bélgica, Colombia, Chile, Perú o Argentina. Es decir que tenemos a nuestra disposición un enorme conglomerado de datos e información que se puede utilizar libremente y sin estar sujetos a licencias o copyright.
Además de los datos generados por las administraciones públicas, el Open Data también abarca el ámbito de la investigación, y en Estados Unidos o Reino Unido existen iniciativas que buscan liberar los resultados de las investigaciones científicas que se financian con fondos públicos y, en algunos ámbitos, comienzan a ser una realidad (como el Gene Expression Omnibus (GEO) sobre investigaciones genéticas), fomentando la colaboración entre centros de investigación y optimizando esfuerzos. Y, aunque muchas veces nos centremos en el RISP, el Open Data también puede extenderse a otros ámbitos como el empresarial o el sector educativo.
Si bien aún queda mucho camino por recorrer, la filosofía del Open Data permite a las administraciones rendir cuentas a los ciudadanos, promover la transparencia, optimizar esfuerzos y, además, abrir las puertas a un nuevo e incipiente ecosistema de aplicaciones y servicios que se presenta como una oportunidad de negocio para muchas empresas y desarrolladores de todo el mundo.
Imágenes: MasterMaq y JustGrimes (Flickr)
