Lo que se está construyendo en España mientras hablamos de inteligencia artificial

España se ha convertido en uno de los destinos favoritos para construir la infraestructura física que necesita la inteligencia artificial. Naves enormes llenas de servidores, con mucha energía y mucha agua detrás. Los proyectos ya están en marcha, desde Aragón hasta Extremadura, y prometen miles de millones de inversión y empleo. Pero también cambian el paisaje y la vida de quien tiene uno de estos centros al lado. Qué son estas instalaciones, qué gana el país y qué implica tenerlas cerca es lo que intentamos aclarar aquí.

Qué son estos centros y por qué se construyen ahora

Un centro de datos es, en esencia, un edificio lleno de ordenadores que almacenan información y hacen cálculos las 24 horas del día. Cuando pides algo a un asistente de inteligencia artificial, guardas una foto en la nube o ves una serie en streaming, hay uno de estos centros trabajando al otro lado. Lo que ha cambiado en los últimos años es la escala. Entrenar y hacer funcionar los modelos de IA actuales exige muchísima más potencia de cálculo que los servicios digitales de hace una década. Eso se traduce en instalaciones cada vez más grandes, con más consumo eléctrico y más necesidad de refrigeración.

España atrae buena parte de esa inversión por una combinación de factores prácticos. Tiene suelo disponible a precios razonables, buena conexión internacional gracias a los cables submarinos que llegan a sus costas, un clima que en algunas zonas facilita la refrigeración, y una producción notable de energía solar y eólica. A eso se suma que otros países europeos donde tradicionalmente se instalaban estos centros, como Irlanda o Alemania, empiezan a tener problemas para dar más electricidad a nuevos proyectos. Ese cuello de botella en el centro de Europa está empujando la inversión hacia el sur, y España la está recibiendo con los brazos abiertos.

Lo que estos proyectos traen a España

El ejemplo más grande está en Aragón. El Gobierno autonómico aprobó en mayo treinta nuevos centros de datos de Amazon, repartidos en 800 hectáreas, dentro de un plan que moviliza 33.700 millones de euros hasta 2035. Uno de esos proyectos aterriza en La Puebla de Híjar, un pueblo turolense de menos de mil habitantes que hasta ahora vivía del campo. Amazon calcula que el conjunto de sus centros en la región generará cerca de 30.000 empleos y aportará más de 30.000 millones de euros al PIB español.

Son cifras reales, aunque conviene entenderlas bien. Mezclan empleo directo, indirecto e inducido, y buena parte corresponde a la fase de construcción, que dura unos años y termina. Uno de los centros de Amazon ya operativo en Aragón funciona las 24 horas con unos 180 trabajadores, una cifra mucho más modesta que los grandes titulares iniciales, pero que representa empleo estable y de calidad en la zona. A eso se suman mejoras reales de infraestructura: refuerzo de la red eléctrica, contratos con empresas locales, ingresos fiscales para los municipios. En Extremadura avanza un camino parecido con Nostrum Evergreen, en Badajoz, que aspira a ser el mayor centro de datos del sur de Europa, con 500 megavatios de potencia y 1.900 millones de inversión. Y Madrid, que lleva años siendo el gran hub del país. Sigue creciendo y aparece entre los mercados europeos con más recorrido según los informes del sector.

España en el mapa europeo

Esta oleada de inversión no ocurre en el vacío. Alemania sigue siendo el país con más centros de datos de Europa. Seguido de Reino Unido y Francia, pero varios de estos mercados tradicionales han empezado a chocar con un límite físico. No queda suficiente electricidad disponible para conectar nuevos proyectos. Irlanda es el caso más extremo. Sus centros de datos ya consumen alrededor de una quinta parte de toda la electricidad del país, una proporción que en Dublín llega a ser todavía mayor, y que ha obligado al Gobierno irlandés a frenar de facto nuevas instalaciones en la capital.

Ese estrangulamiento está redibujando el mapa. Las grandes tecnológicas buscan ahora ubicaciones donde la red eléctrica tenga margen, y España, junto con Portugal y los países nórdicos, se ha convertido en uno de los destinos que se benefician de esa fuga. No es solo cuestión de suelo barato. Se necesita que España todavía puede ofrecer algo que el centro de Europa ya no tiene con facilidad, que es electricidad disponible para conectar proyectos de esta magnitud.

Lo que hay que gestionar bien

Construir a este ritmo también obliga a resolver preguntas concretas, caso por caso. En Talavera de la Reina, Meta lleva años tramitando un centro de datos de 180 hectáreas. El proyecto planteaba inicialmente un consumo de agua muy elevado, y tras las alegaciones de organizaciones ecologistas, la empresa redujo esa previsión hasta seis veces. Es un ejemplo de cómo el proceso administrativo, con sus trámites y revisiones, sirve precisamente para ajustar estos proyectos a lo que el territorio puede asumir.

En Aragón, el debate se centra más en la energía y en la información disponible. Izquierda Unida pidió el pasado diciembre una moratoria en las Cortes aragonesas alegando falta de transparencia sobre el consumo real de agua y electricidad de estos centros. Y entre técnicos del sector hay una preocupación compartida: si la energía renovable no crece al mismo ritmo que los centros de datos, existe el riesgo de tener que recurrir a energía de respaldo menos limpia para no dejarlos sin suministro. Son retos que no invalidan el proyecto, pero que sí requieren seguimiento, transparencia y negociación continua con quienes viven alrededor, como ya ocurre con los regantes de varias comarcas aragonesas.

Cómo participa Telefónica

Telefónica ha optado por un camino distinto para sumarse a esta expansión. En lugar de comprar suelo nuevo, está reconvirtiendo antiguas centrales telefónicas, esas que durante décadas gestionaron las líneas de cobre, en pequeños centros de datos de última generación. Ya tiene diez nodos activos en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao, y prevé sumar siete más a lo largo de 2026. A medio plazo, la compañía plantea convertir más de un centenar de estas instalaciones en nodos de computación distribuida. Son centros más pequeños que los grandes proyectos de Amazon o Meta, pensados para procesar datos cerca del usuario y reducir la latencia, no para entrenar los modelos de IA más grandes. Pero tienen una ventaja clara. Aprovechan edificios que ya estaban conectados a la red eléctrica y de fibra, sin necesidad de negociar nuevo suelo agrícola ni nuevos derechos de agua.

Esa forma de construir conecta con un mensaje que el propio presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha repetido en varias intervenciones públicas durante este año. No basta con que la inteligencia artificial funcione en Europa, hace falta que también se pueda crear aquí. En una publicación reciente en LinkedIn, Murtra defendía construir infraestructuras críticas propias para que la IA se pueda crear, además de operar, y advertía del riesgo de depender por completo de tecnología ajena si Europa no desarrolla su propia capacidad de cómputo. Ese razonamiento es también el que hay detrás de la gigafactoría europea de inteligencia artificial que Telefónica impulsa junto a otras empresas españolas. Un proyecto de mayor escala que busca situar en España parte de la capacidad necesaria para entrenar los modelos más avanzados, no solo para usarlos.

La reconversión de centrales y la gigafactoría son, en el fondo, dos caras de la misma idea: que España no se limite a alojar la infraestructura de otros, sino que también construya y controle una parte de la suya propia.

Una infraestructura que se construye a la vista de todos

España tiene delante una oportunidad real de convertirse en un actor relevante de la infraestructura que sostiene la inteligencia artificial. Lo está demostrando con inversión, empleo y proyectos que ya están en marcha. Pero cada nuevo centro de datos también obliga a responder preguntas muy concretas sobre agua, energía y suelo. Esas respuestas se están construyendo, literalmente, sobre el terreno. La pregunta ya no es si España quiere estos centros, sino cómo consigue que sigan llegando sin que el territorio pague de más por tenerlos cerca.


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