En cada nuevo hogar o reacondicionado, la UE obligará a que se instalen cargadores eléctricos, con el objetivo de que en 2023 un 10% de los aparcamientos cuenten con ellos.
Tan rápido como comienzan a aparecer informaciones que apuntan a que países con tanto peso en las decisiones de la Unión Europea como Alemania plantean que para una fecha cercana a 2030 tenga que ser obligatorio que todo vehículo que circule, lo haga sin emisiones, es la propia Unión la que se quiere adelantar al problema de la infraestructura. Básicamente, hace falta llenar las carreteras de coches eléctricos, pero para ello hay que garantizar que cargarlos sea tan, casi o más cómodo que ir a una gasolinera.
Según un borrador de la Unión Europea, cualquier nuevo hogar construido a partir de 2019 tendrá que llegar equipado con un punto de carga para vehículos eléctricos, hasta conseguir que en 2023 un 10% de los aparcamientos de la Unión tengan sistemas de recarga. La cifra no es aleatoria, y es antes que Alemania, Noruega y Holanda quieren comenzar a reducir su flota de vehículos de diésel o gasolina drásticamente a partir de 2025.
Uno de los grandes problemas a tajar en el seno de la Unión Europea será la regulación de los conectores de las principales. Si se pretende tener una red pública de cargadores eléctricos, no es práctico que cada fabricante se cargue de una manera distinta. Por ejemplo, ahora mismo, los supercargadores de Tesla sólo son compatibles con sus vehículos, y es muy comprensible, han realizado una gran inversión para ser pioneros. La diferencia es que se trata de una compañía privada, frente a una iniciativa propuesta por los gobiernos.
Otro aspecto a tratar será la financiación para esa energía pública de los cargadores eléctricos. Lo que al principio no supondrá ningún problema por lo lento que avanza el mercado en cuanto a ventas, más tarde, en unos años, será un gran problema energético para los países. Lo que ahora mismo es una subvención estatal a lo eléctrico, puede ser más adelante un impuesto. Menor que otros actuales, pero un impuesto, salvo que los países decidan financiar lo que consideran que contribuye a cumplir con normas como el Acuerdo de París.
