España cuenta con una de las legislaciones más avanzadas del mundo en materia de Administración Electrónica y tramitación a través de la red
La legislación española reconoce a los ciudadanos, a través de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP), su derecho a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas, así como la obligación de éstas a garantizar ese derecho. También contamos con algunos casos de éxito a la hora de relacionarnos telemáticamente con nuestras administraciones como son la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, la consulta de puntos de la DGT o la red 060.
Uno de los apartados más importantes a la hora de realizar nuestros trámites con las Administraciones Públicas es la necesidad de conocer fehacientemente, sin posibilidad de repudio, la identidad de la persona física o jurídica que realiza dicho trámite. También en este caso, nuestro país es uno de los más avanzados del mundo con los más de 37.000.000 de DNI electrónicos expedidos por la Policía Nacional o los más de 3.000.000 de certificados digitales de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
El catálogo de servicios que las distintas Administraciones Públicas ponen a disposición de los ciudadanos, a través de sus sedes electrónicas es bastante amplio y prácticamente todas las Administraciones Públicas en nuestro país disponen de una sede electrónica.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, no resulta extraño que el 54% de los internautas españoles realice algún trámite a través de Internet con nuestras Administraciones Públicas, siendo éste uno de los porcentajes más altos de la Unión Europea.
A pesar de estos resultados, el uso de la administración electrónica es todavía muy bajo, sobre todo si tenemos en cuenta la cantidad de trámites que podemos realizar a través de Internet y lo poco que utilizamos esta vía en la inmensa mayoría de los casos.
Las causas de la baja utilización de la mayoría de estos procedimientos podemos encontrarlas en:
- El desconocimiento por parte de la mayoría de los ciudadanos de que pueden realizar estos trámites a través de Internet.
- La costumbre que todos nosotros tenemos de realizar estos trámites presencialmente.
- La desconfianza que genera en algunos ciudadanos el envío de información personal a través de la red.
- La falta de los recursos económicos necesarios, por parte de las Administraciones Públicas, para afrontar las implantaciones y mejoras necesarias en los sistemas que posibilitan.
Posiblemente, las dos principales causas sean:
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La falta de una apuesta decidida por una buena implantación de la Administración Electrónica, sobre todo en la Administración Local, donde todavía podemos encontrar algunos ayuntamientos que incumplen esta ley al no facilitar una vía para que sus vecinos puedan realizar sus trámites a través de Internet, o aquellos cuyo catálogo de trámites disponibles a través de la red es mucho menor que los trámites que se pueden realizar presencialmente.
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Aunque la inmensa mayoría de los españoles disponemos de la llave para acceder a la e-administración (el DNI electrónico), nuestros ordenadores no suelen venir equipados con una cerradura donde introducir dicha llave. Seguramente, esto justifique que los trámites para los que no se requiere el uso del DNI electrónico como medio de autenticación sean los más utilizados.
En España se ha recorrido una buena parte del camino a la hora de implantar la e-Administración pero todavía quedan muchos pasos por dar y en esto no podemos olvidarnos de las ventajas que supone para los ciudadanos una buena implementación de la Administración electrónica, como poder realizar nuestros trámites sin necesidad de desplazarnos, evitar colas y esperas innecesarias, la optimización de nuestras administraciones públicas o las ventajas que supone para personas con movilidad reducida.
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