Casi nueve de cada diez españoles opina que Europa depende demasiado de las tecnológicas extranjeras. Sin embargo, si les preguntas qué significa «soberanía digital», la mayoría no sabría responder. Solo el 29% de los ciudadanos y el 36% de las empresas conocen el término, aunque la preocupación por lo que implica es prácticamente transversal a toda la sociedad. Esa es la principal paradoja que retrata el primer gran barómetro sobre soberanía digital en España, presentado por Fundación Telefónica junto a Metroscopia.
El informe, publicado este mes de julio, no habla de tratados europeos ni de directivas de Bruselas. Habla de personas: qué temen, qué esperan y cuánto confían en que Europa pueda cambiar de rumbo tecnológico. Y los datos dibujan un país que intuye el problema antes de tener las palabras exactas para nombrarlo.
¿Qué es la soberanía digital y dónde está Europa?
La soberanía digital es la capacidad de un país o una región de controlar sus propias infraestructuras tecnológicas, sus datos y las reglas que los gobiernan, sin depender de decisiones que se toman fuera de sus fronteras. En la práctica, hoy existen dos modelos claramente consolidados. Estados Unidos domina el mercado a través de sus grandes tecnológicas, que concentran buena parte de la nube, la inteligencia artificial y los sistemas de pago a escala mundial. China ha optado por el camino contrario: levantar una infraestructura propia, cerrada al exterior, que le garantiza control total a costa del aislamiento.
Europa no encaja en ninguno de los dos modelos. No cuenta con gigantes tecnológicos propios que compitan de tú a tú con los estadounidenses, ni ha optado por cerrar sus fronteras digitales como China. Su posición es la de un consumidor masivo de tecnología ajena que, al mismo tiempo, impone algunas de las normas de protección de datos más exigentes del mundo. Es en ese punto intermedio, entre la dependencia práctica y la ambición regulatoria, donde se sitúa hoy la soberanía digital europea. Y es también el contexto en el que hay que leer los datos del barómetro de Fundación Telefónica y Metroscopia.
Una dependencia que se nota, aunque no se sepa explicar
El barómetro recoge 2.000 entrevistas a población española y 300 a decisores empresariales, realizadas por Metroscopia en junio de 2026. Con esa base, más de ocho de cada diez ciudadanos y empresas consideran que Europa depende, mucho o bastante, de compañías tecnológicas de otros países. No es una percepción abstracta. Seis de cada diez ciudadanos ven en esa dependencia una amenaza directa para la seguridad europea, con las plataformas de inteligencia artificial y los sistemas de pago como los ámbitos que más inquietud generan.
Esa inquietud se dispara cuando se trata de datos sensibles. Nueve de cada diez encuestados temen por el acceso a su información bancaria, y la cifra apenas baja cuando se pregunta por datos fiscales, de localización o sanitarios. Son los datos que cualquiera reconoce como propios, los que uno espera que estén a salvo, y son precisamente los que generan más desconfianza sobre quién los custodia y bajo qué reglas.
Querer alternativas europeas sin saber si existen
Aquí aparece el segundo contraste del informe, quizá el más revelador. La gran mayoría cree que Europa debería tener sus propias plataformas tecnológicas para reforzar su competitividad y reducir dependencias estratégicas. Y siete de cada diez afirman que elegirían una alternativa europea si ofreciera las mismas prestaciones que una no europea. El problema es que dos de cada tres reconocen no conocer ninguna plataforma tecnológica desarrollada en Europa.
Es una demanda sin oferta visible, o al menos sin oferta conocida. En inteligencia artificial, el ámbito donde el informe detecta más dependencia percibida, sí existen ya alternativas concretas. La francesa Mistral se ha convertido en la referencia europea con más capacidad de cálculo y desarrollo, aunque para funcionar dependa de infraestructuras en la nube de Microsoft o Amazon. En el otro extremo está Euria, el asistente del proveedor suizo Infomaniak. Aloja todos sus datos en territorio helvético y no los usa nunca para entrenar modelos. Ninguna de las dos es una gran tecnológica del tamaño de las estadounidenses, pero ambas demuestran que la alternativa europea no es solo una aspiración regulatoria, sino algo que ya se puede usar hoy.
El problema, insiste el propio informe, no es tanto la falta de tecnología como la falta de notoriedad. Un consumidor no puede elegir lo que desconoce que existe, por mucho que esté dispuesto a hacerlo.
La confianza recae en los gobiernos
Frente a esta brecha entre deseo y conocimiento, la ciudadanía y las empresas coinciden en dónde debe estar el impulso. Una amplia mayoría, por encima del 87% en ambos grupos, considera que los gobiernos europeos deberían empujar activamente el desarrollo de tecnologías propias. No se trata de esperar a que el mercado resuelva la dependencia por sí solo, sino de que exista una apuesta pública decidida, comparable a la que en su día impulsó proyectos como Airbus o Erasmus, que suelen citarse como ejemplos de que la cooperación europea sí puede dar resultado cuando hay voluntad política detrás.
Esa confianza en el papel del Estado se traduce en prioridades muy concretas. Ciberseguridad y telecomunicaciones encabezan la lista de capacidades que se consideran irrenunciables, seguidas de los centros de datos y los servicios cloud. Son ámbitos que rara vez aparecen en titulares, pero que sostienen todo lo demás: sin redes propias, sin dónde guardar los datos y sin quién los proteja, cualquier plataforma o aplicación europea seguiría dependiendo, en última instancia, de infraestructura ajena.
Y son, además, las mismas áreas que ya ocupan buena parte de la agenda regulatoria europea de este año, desde los paquetes de medidas sobre chips y nube hasta las inversiones anunciadas en infraestructura de datos. El barómetro sugiere que esa agenda institucional no va por libre: coincide con lo que la sociedad y el tejido empresarial español llevan tiempo pidiendo, aunque no siempre lo expresen con ese vocabulario técnico.
De la escucha a la acción
Isabel Salazar, directora general de Fundación Telefónica, resume así el sentido del informe: los resultados demuestran que la soberanía digital no se limita a desarrollar plataformas o aplicaciones, sino que implica también infraestructuras, capacidades industriales, protección de datos, ética, seguridad, talento e innovación. Es un concepto que ha dejado de ser exclusivo de expertos y reguladores para instalarse, aunque sea de forma difusa, en la conversación pública.
Con este diagnóstico como punto de partida, Fundación Telefónica ha impulsado THINK&DO TECH, un espacio europeo de pensamiento estratégico y acción pensado para acelerar el liderazgo tecnológico del continente y promover una industria a la vez competitiva y ética. La iniciativa parte de una idea sencilla: escuchar primero a ciudadanos y empresas para después traducir esa escucha en decisiones concretas sobre dónde invertir y qué capacidades priorizar.
Lo que dice el barómetro sobre nosotros
Más allá de los porcentajes, el informe deja una lectura interesante sobre cómo se está formando la conciencia digital en España. La gente no necesita entender de leyes ni de tratados europeos para notar que sus datos bancarios, su ubicación o su historial médico dependen de decisiones que se toman fuera de Europa. Esa intuición, compartida por ocho de cada diez ciudadanos y empresas, es la que está empujando el debate sobre soberanía digital de los despachos institucionales a la conversación cotidiana.
El reto, a la vista de estos datos, no es solo construir infraestructura y regulación, algo que ya está en marcha. Es también hacer visible lo que ya existe, para que ese 70% dispuesto a elegir una alternativa europea pueda hacerlo con conocimiento de causa y no solo con buena voluntad. El informe completo, con todos los datos desglosados por sector, está disponible en la web de Fundación Telefónica.
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